La diputada Graciela Matiaude (Vamos Uruguay) realizó un estudio sobre la gestión de la Intendencia Municipal de Canelones durante el período 2010-2012 en base a los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas. Concluyó que la administración de Marcos Carámbula recibió 1.142 observaciones a sus procedimientos por diferentes razones.
El trabajo sostiene que "se han observado 349 gastos correspondientes al ejercicio 2010 por un total de $ 379:208.112 y US$ 205.544,27; 485 gastos correspondientes al ejercicio 2011 por un total de $ 544:604.122 y US$ 2.327.133,15; y 308 gastos correspondientes al ejercicio 2012 por $ 1.269.074.310 y US$ 1.733.373,66."
El total asciende a US$ 113:910.377 en base a un tipo de cambio de $ 20.
"Los administradores de fondos públicos, los gobernantes, dado que lo que administran no son dineros propios, deben someterse a las normas y así hacer únicamente lo que éstas le habiliten a hacer. Es lo que se conoce como principio de especialidad del Derecho Público. Quienes no cumplan con tales principios fundamentales pasan a ser responsables de una gestión al menos irregular. Este gobierno departamental de Canelones ha sido objeto, entre los ejercicios 2010 y 2012, de 1.142 observaciones del Tribunal de Cuentas en materia de contratación por montos siderales. Es grosero", afirmó Matiaude a El País.
La legisladora dijo que hay "severísimas contravenciones de normas administrativas en materia de contratación".
"Pero no son las únicas que se vulneran desde el gobierno departamental de Canelones. Hay un cúmulo de normas en materia de contabilidad y administración financiera que el gobierno del Frente Amplio desconoce sistemáticamente. Se han detectado incongruencias de saldos entre diferentes sistemas que se mantienen en paralelo a nivel administrativo, errores en la confección de arqueos de fondos y de conciliaciones bancarias, no contabilización de gastos, todo lo cual se agrava más aún dado que desde la Intendencia no se es conteste en dar solución a toda esta disparatada situación", sostuvo.
Matiaude dijo que "el sistema financiero-contable tiene por objeto, entre otras, una función de control, la cual, debe cumplirse adecuadamente para garantía de los ciudadanos de Canelones".
"Si tal función -continuó- no se ejerce adecuadamente, equivale a decir que el gobierno tiene un cheque en blanco para hacer lo que se le antoje; pero no es así, los controles deben existir siempre, independientemente de la honestidad de los gobernantes".
La legisladora también cuestionó las Rendiciones de Cuentas y recordó que sobre las presentadas por los ejercicios 2010 y 2011 el Tribunal de Cuentas concluyó que "no reflejan razonablemente las ejecuciones presupuestales correspondientes".
"Vale decir que no se está dando noticia a la ciudadanía, a través de instrumentos de gestión preceptivos, de la verdadera realidad respecto a la gestión de la comuna. Esto es de una gravedad extrema. No solo se utilizan recursos de espaldas a la normativa, sino que además no se rinden cuentas de tales hechos de forma adecuada. Y aquí llegamos a la transgresión de un principio fundamental: la transparencia, la cual jamás debe faltar en un gobierno", sostuvo la legisladora.
El Tribunal justificó su opinión adversa a las rendiciones de cuentas por la no presentación de estado de movimiento de fondos y valores; errores en la confección de arqueos y conciliaciones bancarias; inadecuado tratamiento en el estado de resultados; diferencias entre importes resultantes del sistema de recaudación y los del sistema contable; no contabilización de gastos; discordancia en información concerniente a obligaciones presupuestales impagas entre estado de ejecución de créditos y el estado de evolución de tales obligaciones.