ESTADO DE SITIO EN GUATEMALA POR DEFENDER MINERA CANADIENSE
El hoy como espejo del ayer
De allí que, el jueves 2, el pueblo xinca se despertara con estado de sitio impuesto en su habitat. Según el decreto gubernativo 06-2013, dos municipios de Santa Rosa y dos de Jalapa, tienen limitados sus derechos por la imposición del estado de sitio.
Con dicho decreto, el gobierno presidido por el general retirado Otto Pérez Molina, sella su concubinato con las empresas extractivas transnacionales. Es decir, en lugar de defender los intereses nacionales y proteger la integridad del territorio, actúa en sentido contrario. El gobierno defiende los intereses extranjeros de empresas foráneas y permite la destrucción del ambiente de las comunidades. En pocas palabras y aunque su castrense y castrada mentalidad se lo oculte, comete alta traición a los intereses nacionales. Pero esto al parecer, tiene muy sin cuidado a su administración, concentrada cual marabunta depredadora en el saqueo total de los hiper menguados recursos nacionales.
Dijo el gobernante que se impuso la restricción de garantías, por segunda vez durante su mandato, por la necesidad de combatir al crimen organizado. En contrario, su ministro del Interior asegura que responde a lo que define como acciones ilegales de la población que se ha declarado en resistencia pacífica ante las actividades de la empresa minera San Rafael, subsidiaria de Taho Resources inc, una compañía con sede en Vancouver, Canadá. La mina El Escobal, como se denomina el proyecto en cuestión, obtuvo su licencia de manera ilegal y ha iniciado operaciones, pese a la mayoritaria negativa de la población, expresada en consulta de buena fe.
Mientras en las cortes, aquellos sitios en donde se le debe garantizar a la población la justicia pronta y cumplida, continúa el estira y encoje para impedir el juicio por genocidio a otros generales retirados. La caricatura de abogado que asumió la defensa de Efraín Ríos Montt el 19 de marzo, Francisco García Gudiel, cuando se inició el debate, alegó enemistad con el tribunal. Una razón que si tuviera un gramo de ética debió bastarle para no aceptar el caso, pero que intentó esgrimir para pedir que cambiaran a los jueces. Mes y medio después, alega amistad estrecha de su colega de la defensa pública penal, Otto Ramírez Vásquez -abogado de José Mauricio Rodríguez Sánchez-, con el juez vocal Pablo Xitumul de Paz. Incapaces de ofrecer una defensa con visión ética y una estrategia jurídica apegada a derecho, se sacan de la manga, cual nigromantes de coliseo, acciones dilatorias rellenas de ocurrencia.
De dicha cuenta, en nombre del estado de derecho se conculcan libertades, en nombre de la justicia se burla su enunciado y en ambas situaciones, se procura impunidad a intereses particulares en contra de los intereses y derechos colectivos.
Tres décadas atrás, el gobierno impuso a sangre y fuego la visión contrainsurgente. En su afán por dominar a la guerrilla y “quitarle el agua al pez”, terminó por llegar al genocidio con tal de alcanzar su propósito. Hoy, en las montañas donde se asienta el pueblo xinca, de nuevo se llevan las tanquetas, las botas, los helicópteros y las metrallas.
En 1982 y 1983, la excusa para militarizar el territorio, masacrar a las comunidades y perseguirlas impulsando su extinción, fue la presencia guerrillera en el territorio. Ahora, el pretexto para conculcar libertades y volver a militarizar la geografía en las tierras xincas, es la presencia de crimen organizado, al cual los distintos gobiernos han tolerado y protegido sin importar la violencia que han impuesto.
Como un grotesco espejo del pasado, Guatemala va en la senda del autoritarismo fascistoide, impuesto por un gobierno que no se inmuta en sudar su raigambre militar. De allí que sea indispensable juzgar y sancionar como corresponde, los crímenes de Estado cometidos en el pasado, a fin de impedir que con el abuso y la imposición del presente, vuelvan a repetirse las violaciones a derechos tan elementales como el derecho a la vida digna en un territorio libre y limpio.
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