Valeria Gil

En repuesta a dos pedidos de informes realizados por los senadores nacionalista Carlos Moreira y Francisco Gallinal, el Banco República informó que contrató al abogado penalista y exfuncionario del gobierno de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, por US$ 136.688 más IVA para hacer efectivo el cobro del aval por US$ 13,6 millones por el remate de los aviones de la ex-Pluna.

A esa cifra hay que sumarle otros US$ 15.000 más IVA que se pagó a Fernández por concepto de honorarios para la asistencia profesional de jerarcas del BROU que sean requeridos por la Justicia Penal. Hasta el momento, Calloia y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, son los únicos indagados por la causa judicial que inició el fiscal del Crimen Organizado, Juan Gómez, para investigar el pago del aval por los aviones que subastó el Estado a Cosmo Líneas Aéreas.

En el marco de las explicaciones que ofreció el BROU por la contratación de Fernández se cita una resolución del banco (con fecha del 4 de diciembre de 2012) en la que se afirma que "la investigación llevada de oficio responde a manifestaciones incriminatorias de algunos legisladores y su mediática transmisión en todos los medios de difusión (radial, televisiva, prensa y otros medios informáticos), sin que exista ninguna imputación u observación de ningún carácter de parte de los órganos constitucionales y legales de contralor".

Dentro de la justificación, el banco alega que no cuenta con reparticiones especializadas en Derecho Penal que permitan "un adecuado asesoramiento a la institución, en dicha rama del Derecho".

En la respuesta a los pedidos de informe se indica que la contratación "no se hizo en beneficio exclusivo de personas, sino para brindar asistencia profesional a los soportes de los órganos en su actuación en determinado negocio (...) que se practica por medio de los funcionarios que revisten en los cargos respectivos".

Al ser consultado por qué se contrató para un asunto de Derecho bancario a un especialista en Derecho Penal, desde el BROU se respondió que "la causa ha generado un ámbito apropiado para procurar un acuerdo transaccional con Cosmo y Boston Seguros". Se agrega que "el relacionamiento de Fernández con distintos profesionales abocados al caso le brindan una posición privilegiada, lo cual, sumado a su experiencia y trayectoria, lo convierten en el profesional más adecuado para entablar las mencionadas gestiones extrajudiciales".

Además de una plantilla fija de más de 20 abogados, en cada una de las sucursales del BROU en el interior del país se contratan asesores legales (curiales) mediante el régimen de arrendamiento de obra. Según las nóminas enviadas a los legisladores nacionalistas, los profesionales contratados por este régimen son más de 90.

Insatisfactorias

Moreira rechazó las afirmaciones vertidas por el banco estatal en el pedido de informes y aseguró que el proceso judicial "no se inició por ninguna manifestación incriminatoria de legisladores". Al tiempo que aseguró que "no corresponde este tipo de calificaciones".

Agregó que la bancada de senadores del Partido Nacional elevó al juzgado del Crimen Organizado una denuncia y luego el fiscal Gómez decidió de oficio que Calloia y Lorenzo fueran citados como indagados.

Según Moreira, no se justifica la contratación de un abogado penalista para prestar asesoramiento a los directores del banco, debido a que "la responsabilidad penal no es funcional sino personal y no involucra al organismo como tal".