10 RESPUESTAS A 10 MENTIRAS SOBRE LA MEGAMINERÍA

07.09.2013 12:38

Introducción

La reforma del Código de Minería de 2011, la Ley del Puerto de Aguas Profundas de 2012 y la Ley de Minería de Gran Porte recién votada integran un conjunto orquestado de decisiones políticas y normas legales con la finalidad de abrirle las puertas a una actividad económica -la minería metalífera a cielo abierto- cuya escala y magnitud de los impactos sociales y ambientales no tiene precedentes en el país.

Cuando la sociedad precisaría disponer de la información y el tiempo adecuados para definir cambios de tal importancia, la presencia simultánea de empresas interesadas en esa actividad hace que los debates se realicen en medio de disputas y conflictos concretos. En este proceso se ponen en evidencia no solo simples carencias en el suministro sino también la deformación de la información a la población.

Este material pretende ser un aporte al esclarecimiento de una serie de argumentos falsos relacionados con este tema que han sido usados de manera sistemática para confundir a la población sobre la naturaleza de las decisiones en juego.

 1. El Uruguay se quedará con el 50% de las ganancias de las grandes mineras.

Existen dos opciones para calcular el impuesto a la renta: 1) sobre la "renta efectiva", que es la ganancia declarada por la empresa; y 2) sobre la "renta presunta", que se deduce de las ventas. La primera opción fue probada en Chile y se vio que las mineras se las arreglan para declarar que tienen pérdidas y no pagar el impuesto. La segunda opción, en cambio, hace muy difícil la evasión. El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) de la ley uruguaya sigue la primera opción y no incluye medidas para impedir que las empresas inflen costos y escondan las ganancias. Por esta razón, la recaudación por el IRAE será muy pequeña o reducida a cero.

Al impuesto "adicional del IRAE" se lo presenta como dirigido a recaudar más cuando las mineras ganen mucho por los precios muy altos. Pero si el IRAE es ínfimo, el adicional del IRAE, al ser un porcentaje del primero, será ínfimo también.

Como si esto fuera poco, la ley aprobada permite descontar, para el cálculo del IRAE, todas las inversiones hechas por la minera antes de obtener la concesión (estudios de prospección, exploración y el informe de impacto ambiental presentado a la DINAMA). Esta ley permite también descontar el canon del adicional del IRAE. El canon no es un impuesto, es el 5% del valor del mineral que cobra Uruguay por llevarse esa riqueza. Al permitir a la minera que descuente el canon del pago de un impuesto, está reduciendo el canon a cero. Es decir, le están regalando el 100% del valor del mineral.

Por estas razones, la recaudación por IRAE y adicional del IRAE, supuestamente el 50% de las ganancias o el mentado "fifty-fifty", será insignificante.

2. La ley de MGP impone a las grandes explotaciones mineras mayores impuestos.

Además de ser irrisorios los ingresos por IRAE y adicional del IRAE, esta ley habilita otros beneficios fiscales para las mineras. Cuando el Poder Ejecutivo concurrió a la discusión en el Senado, el ministro Kreimerman explicó que la minera será eximida del pago del Impuesto al Patrimonio, del Impuesto al Valor Agregado y de los aranceles de importación y exportación. Solo por la exención del IVA se calculó que Aratirí será beneficiada con el no pago de 700 a 1.000 millones de dólares.

Este fue uno de los motivos por los cuales los partidos Nacional y Colorado no votaron esta ley. Con tales exenciones se violó un acuerdo de la Comisión Multipartidaria sobre Minería de Gran Porte que decía: "No serán aplicables beneficios tributarios de la Ley de Promoción de inversiones a las actividades extractivas y conexas (...). No serán aplicables subsidios a exportación...". (Capítulo V. Eje económico, 5.d.)

 La empresa minera será subsidiada además por el consumo de agua gratis y energía eléctrica a un tercio de la tarifa residencial, por obras de infraestructura y portuarias a cargo del gobierno por lo que, si se recauda algo, no se recaudará gran cosa.

 

3. Los asalariados rurales tienen poco trabajo y mal pagado, la minería creará nuevas fuentes de trabajo y con sueldos superiores.

Uruguay tiene hoy unos 70.000 asalariados rurales. En 2006 se aprobaron las leyes de libertad sindical y de regularización laboral en el BPS y, en 2008, la ley de ocho horas en el campo. El trabajador debe cobrar su salario en dinero, junto con la prestación de alimentación y vivienda (o un monto equivalente) fijado en el Consejo de Salarios. El trabajador rural está hoy legalmente protegido. Si se intenta eludirlo, el gobierno tiene la responsabilidad de inspeccionar, sancionar y hacer que se cumpla la ley.

Aratirí (el único proyecto posible en el país de minería de gran porte), promete 1.300 empleos directos para una explotación de 12 años. No es una cifra significativa frente al total de asalariados rurales pero, además, la zona de iValentines está habitada por productores familiares y por asalariados que trabajan en una actividad permanente. ¿A dónde irán ahora los actuales pobladores y adónde irán los trabajadores de Aratirí después de esos 12 años, cuando esa zona rural haya quedado destruida?

El obrero minero, una ínfima minoría incluso en los países ricos en minerales, cobra altos sueldos por la altísima rentabilidad de la minería y porque están pagando los riesgos de salud y de corta vida a los que se ve expuesto ese obrero.

 4. El desarrollo de nuevas tecnologías alivia los impactos al medio ambiente.

En realidad, los nuevos equipamientos destruyen mucho más porque la minería a cielo abierto en gran escala está dirigida a explotar yacimientos pobres en metales, de bajo porcentaje de hierro y oro como los existentes justamente en Uruguay.

Para que la actividad minera sea rentable en estos lugares, las máquinas excavadoras y de transporte deben remover volúmenes mucho mayores de roca del subsuelo, usan más explosivos y productos químicos que producen más polvo, ruido y contaminación, y consumen más combustible y energía. Por lo tanto, si se lo compara con otras tecnologías conocidas, el ataque al ambiente es mucho mayor.

La megaminería metalífera a cielo abierto es intrínsecamente destructiva. No es algo excepcional, sus impactos son reconocidos y abundan en el mundo entero.

5. La extracción del hierro contribuye a crear una industria siderúrgica nacional.

Ni Aratirí ni el gobierno están promoviendo con este proyecto una industria siderúrgica nacional. El ritmo de extracción del hierro -18 millones de toneladas por año-, es para exportarlo aprovechando los precios altos del mercado. Por esta razón el proyecto Aratirí tiene tres partes indisociables: mina, mineroducto y puerto oceánico.

Para crear una industria siderúrgica con nuestro hierro, el mineral debe quedar en el país y, en vez de entregarlo a una empresa extranjera, el estado debe organizar la explotación llamando a una licitación. A su vez, el ritmo de extracción debe ser menor, para reducir el impacto ambiental y que la producción se mantenga varias décadas. Solo el montaje de la industria siderúrgica lleva unos cinco años.

La última reforma del Código de Minería definió que el 15% del mineral que extraiga una empresa debe ofrecerlo en el país. Si la oferta dura solo 12 años, como quiere Aratirí, no alcanza para armar una industria siderúrgica.

Durante la discusión parlamentaria, se propuso que la ley de MGP fijara una tasa de extracción anual del hierro para que la explotación durara unos 60 años, pero la mayoría oficialista se opuso a fijar un límite de extracción.

6. Los daños de la minería no son significativos porque el área afectada es pequeña.

En las presentaciones de su proyecto, Aratirí fue aumentando la superficie de impacto de las minas, aceptando que la propuesta había sido insuficiente. En el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el distrito minero ocupaba 4.300 hectáreas. En el segundo EIA subió a 6.210 hectáreas la zona de impacto directo y la franja de amortiguación pasó de 11.500 a 14.505 hectáreas. Aún así, esta franja toma la mitad de la mínima distancia de impacto que, según informes del propio EIA, sería de 3 kilómetros. Si se toma esta distancia, el área afectada llega a unas 30.000 hectáreas.

El daño es mayor aún porque Aratirí posee títulos de prospección en esa zona sobre 120.000 hectáreas y, por la reforma del Código de Minería de 2011, que extendió los plazos, esto significa que los productores rurales son rehenes de las decisiones de la minera por 12 años. ¿Por qué el estado otorgó a esta empresa títulos de tal magnitud? Y, si Aratirí no piensa explotarlos, ¿por qué no devuelve esos títulos?

Se pretende minimizar el daño alegando que es un área pequeña, pero se reconoce la importancia del daño. Además de los impactos durante la explotación, se destruirá un suelo que posibilita la vida y una actividad productiva permanente.

7. La ley exige a las mineras la reconstrucción del ambiente original.

Autoridades del gobierno, incluido el Presidente de la República, José Mujica, afirman que los inmensos cráteres de la mina se vuelven a rellenar y se restaura la actividad productiva anterior. Esto es sencillamente falso, en ninguna parte del mundo esos pozos se rellenan, menos van a hacerlo en Uruguay. No se rellenan porque tiene un alto costo y hacerlo reduce la rentabilidad de las empresas. Incluso se los deja abiertos por si más adelante surge el interés de continuar la extracción.

La ley de minería de gran porte contiene frases genéricas sobre la preservación del medio ambiente y una sección dedicada al plan de cierra de la mina, que incluye la imposición de garantías económicas para el cumplimiento del plan. Pero no define exigencias concretas de restauración del ecosistema precedente y éstas quedan libradas a los resultados de una negociación entre el gobierno y la minera.

Por otra parte, la propuesta de Aratirí ha sido muy clara, tanto en la comunicación a la DINAMA como en la discusión parlamentaria de la ley. Aratirí propone rellenar con agua de lluvia esos pozos, en un proceso que puede demorar hasta 80 años, al final de los cuales no sabe si esa agua estará apta para otros usos en la zona.

8. Se utilizará poca agua porque el proceso trabajará en ciclo cerrado.

Según Aratirí, el agua se gestionará en "circuito cerrado": uno, formado por la represa de relaves, la represa de agua bruta y la planta de beneficiamiento; y otro, formado por el mineroducto hacia el puerto y un acueducto de retorno. Con este sistema, tendría que reponer por pérdidas 1,1 millón de metros cúbicos anuales (el consumo de 90 hectáreas de arroz). Pero Aratirí prevé un emisario submarino de 2,5 kilómetros de largo, al costado de la terminal portuaria, para descargar en el océano las aguas usadas y contaminadas del distrito minero.

 ¿Se puede llamar a esto "circuito cerrado"? Evidentemente, no. Es peor.

Además, para extraer el mineral del subsuelo desviarán varios arroyos y el río Yí, contaminarán aguas superficiales, napas freáticas y aguas subterráneas, tanto por el escurrimiento de los cráteres y de los depósitos de estériles, como por la infiltración hacia el suelo de los depósitos de relaves y de agua bruta. Los impactos de estas contaminaciones y las alteraciones del sistema hídrico de la región se extenderán, según el propio informe de Aratirí, entre 3 y 6 kilómetros desde el borde de las instalaciones mineras.

9. La minería se hará en tierras donde no hay posibilidades de desarrollo.

Se ha presentado a la zona potencialmente afectada por el proyecto Aratirí como un rincón abandonado del país. Al decir que pertenece "al Uruguay profundo", se alude a una zona de pobreza y carente de desarrollo. Se la asocia entonces con el latifundio tradicional para decir que los que se oponen a la minera son "terratenientes". Es un discurso mentiroso dirigido a las personas que desconocen esa realidad.

Según las estadísticas oficiales, en las tres áreas del proyecto minero, hay 3.573 personas dedicadas a la actividad agropecuaria que se verán directamente afectadas y 4.156 trabajadores con un grado de afectación indirecto. El propio EIA de Aratirí expone que los establecimientos del distrito minero son de los que el Ministerio de Ganadería (MGAP) define como "productores familiares" en la medida en que "el promedio de los establecimientos de la zona” es menor de 500 hectáreas.

Un informe reciente del MGAP calcula una rentabilidad bruta de 160 y neta promedio de 49 dólares por hectárea en la zona y estima que son necesarias 361 hectáreas en propiedad o 550 ha, si el 33.4% fuera arrendada, para que un productor tenga el ingreso medio de los hogares de una localidad pequeña del interior. El mismo informe agrega que, para el productor familiar, la tierra tiene otros valores, además del económico, como son la vivienda, la alimentación, la cultura y el estilo de vida, y que habrá dificultades para el realojamiento de esa población.

10. La minería de gran porte permitirá diversificar la matriz productiva del país.

Justificando la nueva ley de minería de gran porte, el senador Daniel Martínez dijo: "O diversificamos la matriz productiva, avanzamos en sectores de mucha más tecnología y valor agregado o vamos a ser un país pobre toda la vida”. Este argumento va dirigido a sectores preocupados por el desarrollo tecnológico del país, pero es tan vacío de contenido como el que asocia estos proyectos mineros con la industrialización.

No se diversifica la matriz productiva porque es una actividad meramente extractiva. Es decir, extrae el mineral y lo exporta en bruto. En segundo lugar, no es duradera porque, a lo sumo dará para 15 a 20 años y luego se acabó el recurso. Si se pretende diversificar la matriz productiva, debería poder realizarse una actividad permanente. En tercer lugar, es incompatible con otras actividades productivas y destruye el ecosistema, con lo cual, al cabo de un corto lapso, simplemente habremos perdido para siempre una zona productiva.

La minería de gran porte que se pretende instalar solo aumenta la condición primario exportadora de la economía. Sin diversificación productiva ni industrialización, el país será más dependiente aún de los vaivenes del mercado internacional, tanto por las materias primas que debemos vender, como por los productos manufacturados que, sin un cambio sustancial del modelo de desarrollo, seguiremos comprando.

 

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